Tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Ese fue el pacto principal entre la multinacional Chiquita Brands y las Autodefensas en el Urabá y Magdalena, un negocio que más tarde catapultó el modelo paramilitar y su conexión con el más alto sector empresarial del país.
Así lo documentó la investigación “La sombra oscura del banano. Urabá: conflicto armado y el rol del empresariado”, informe realizado por Fucude y la corporación Opción Legal, y entregado a la Comisión de la Verdad para esclarecer las estrategias de la multinacional que acaba de ser declarada responsable por sus relaciones con el paramilitarismo por el Tribunal del Distrito Sur de Florida.
Según el fallo que se conoció el lunes, la millonaria financiación de la multinacional bananera Chiquita Brands, con hasta US$1,7 millones de dólares a los paramilitares colombianos, está conectada con los homicidios cometidos por estos grupos criminales en el Urabá y Magdalena medio, entre 1997 y 2004.
Para ubicar en el tiempo este episodio de violencia en el país, el documento hace referencia a una primera reunión entre los ejecutivos de Chiquita y Carlos Castaño para finales de 1996 y 1997 en Medellín, específicamente en Montecasino, casona en la que se planearon los más crueles ataques de las AUC. El negocio que se pactó esa vez estaba ambientado por una etapa en la que la protesta social y la exigencia de derechos laborales de los obreros bananeros se redujo a su más mínima expresión. Y no fue un negocio desde el desconocimiento, según el informe, Chiquita sabía a la perfección la relación preexistente entre la relación de las Convivir y los paramilitares.
La Comisión de la Verdad explica en su volumen No Matarás -en el apartado llamado Las ACCU y la industria bananera- que los tribunales de Justicia y Paz señalaron que las Convivir (cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria, y para muchos el origen de las autodefendas) fueron un eje central en la consolidación de las relaciones entre los empresarios bananeros y los grupos paramilitares, tanto en Urabá como en el sur de Córdoba. No fue solo la acción contrainsurgente, sino que implicó la violencia contra los trabajadores de la industria.
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“En el 2000 Chiquita investigó una vez más los pagos de seguridad en Colombia y el memorándum muestra que los funcionarios corporativos entendieron exactamente cómo fluía el dinero de la empresa a las AUC y concluyeron que las Convivir en el Urabá estaban vinculadas a Carlos Castaño, que era un ‘tipo muy malo’. Por otro lado, los pagos hechos a la AUC eran revisados y aprobados por altos ejecutivos de la compañía, e incluían a gerentes de alto nivel, directores, y empleados. Chiquita sabía de los pagos a las AUC, y también conocía la naturaleza violenta de dicha organización”, se lee en el informe.
Incluso, según la investigación, la multinacional registraba esos pagos en sus libros contables bajo el rótulo de “pagos de seguridad”, “pagos por seguridad”, o “servicios de seguridad” y esos abonos ni siquiera se detuvieron cuando las AUC fueron clasificadas por el gobierno de Colombia, la Unión Europea y por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera. Finalmente, los pagos se ocultaban en un “elaborado sistema sistema de organizaciones intermediarias”.
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Los informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalaron este accionar como “moralmente repugnante” luego de que un fiscal asignado al caso detalló que Chiquita “continuó, mes tras mes, año tras año, pagando a los mismos terroristas (...) Chiquita estaba pagando el dinero para comprar las balas que acabaron con los colombianos inocentes de las fincas [de Chiquita]”.
Si bien en varios momentos la multinacional negó todo e incluso se presentaba como una víctima de extorsión por parte de los paramilitares, las investigaciones del fiscal estadounidense lograron concluir que, según lo que planteaba Carlos Castaño, jefe de las AUC, en realidad los paramilitares estaban entregando un servicio orientado a proteger a Chiquita.
Según el informe que recibió la Comisión de la Verdad, la hipótesis de extorsión quedó totalmente descartada debido al número de pagos que hizo Chiquita (cien en total), la cantidad de años por la que se prolongó la práctica (siete años), la creación de las políticas de pago anteriormente descritas, y que la compañía en realidad nunca acudió a instancias nacionales e internacionales para denunciar a las AUC.
“Chiquita, en su condición de multinacional poderosa que controla la cuarta parte de la producción mundial de la fruta, tenía todos los recursos posibles en sus manos para proteger legalmente sus operaciones y pudo haber firmado un convenio especial con el Ministerio de Defensa”, indica el informe.
Por otro lado, el informe señala que Chiquita no había sido objeto de violencia por parte de grupos paramilitares, sino que desde su llegada a la zona, los paramilitares habían prohibido las huelgas y “disciplinado” a los trabajadores bananeros.
Con las ACCU con el dominio del territorio, y con la llamada retoma o retorno a Urabá, bajo el objeto de reactivar la industria bananera, la orden era prohibir los paros.
“¿La orden cuál era? Prohibir que los obreros de las bananeras hicieran paro. Y así se logró. Antes de eso, había paros que duraban meses, [...] la economía bananera estaba quebrada [...]. Son casi 100 muertos de sindicalistas en el año 1995. Sin mencionar el 96 y el 97. [...] Así que los verdaderos ganadores de la guerra en el Urabá fueron los magnates de la industria bananera. Todas las fincas bananeras colaboraron: Uniban [sic], Banacol, Chiquita, Dole. Todas las empresas nos colaboraron”, señaló el testimonio del exparamilitar Hébert Veloza, conocido también como HH.
Sin embargo, los pagos fueron apenas una parte de la relación entre la multinacional y los paramilitares. Según el informe “No matarás” de la Comisión, el objetivo de Castaño era, además, someter a los grupos paramilitares que hacían presencia en Urabá para así tener control completo de la zona y garantizar el tráfico de cocaína y el comercio ilegal de armas.
El documento también detalla que Chiquita prestó su infraestructura y dio la autorización de operar como un puerto privado para el ingreso de fusiles de los paramilitares. Además, según la Comisión de la Verdad, cuando la empresa pactó con los paramilitares, también asumió el esconder droga en los contenedores que llevaban banano. Chiquita Brands lo ha negado, pero las investigaciones señalan que sí hubo envíos de cocaína en buques de exportación de Chiquita Brands.
Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, en 1994 las acciones violentas de las ACCU fueron 178 en los departamentos de Chocó y Antioquia, pero al año siguiente llegaron a 419. Esta tendencia se sostuvo hasta que empezó a bajar en 1997, justo cuando las Convivir fueron restringidas y se les prohibió el uso de armamento. Según otras fuentes, en la región «se pasó de algo más de 400 homicidios en 1994 a más de 800 en 1995, a más de 1.200 en 1996 y se bajó a algo más de 700 en 1997 y a cerca de 300 en 1998»922. “Urabá era el lugar de Colombia con más violencia”, señala el informe
El juicio contra Chiquita Brands en Estados Unidos
Este lunes, el Tribunal del Distrito Sur de Florida declaró responsable a Chiquita Brands por las consecuencias de sus relaciones con las Autodefensas de Carlos Castaño y ordenó a la empresa mundialmente reconocida a pagar una millonaria indemnización a un primer grupo de víctimas.
Como conoció El Espectador, los jurados y el juez del Tribunal del Distrito Sur de Florida llegaron a la conclusión de qué ocho de las nueve víctimas, de estos casos emblemáticos, lograron probar que su ser querido fue asesinado por las Autodefensas Unidas de Colombia, justo en el momento en que Chiquita Brands estaba financiando a este grupo paramilitar.
Ahora, la multinacional bananera tendrá un mes para decidir si apela este primer fallo en su contra, con el cual se ordenó una indemnización a las víctimas, cuyo monto este diario se abstiene de publicar por seguridad de los nacionales demandantes.
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